TOMADO DE UNIVERSIDAD

Ley General de Cultura: Temen que proyecto censure producción cultural PDF Imprimir Correo electrónico
Escrito por Vinicio Chacón (vichacon@semanario.ucr.ac.cr)
La propuesta de cultura es impulsada por la diputada Elizabeth Fonseca.

Con preocupación e indignación reaccionaron fuentes consultadas por UNIVERSIDAD ante un proyecto de Ley General de Cultura, que el despacho de la diputada Elizabeth Fonseca, del Partido Acción Ciudadana (PAC) ha introducido en la corriente legislativa.

La disposición de que el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) ejerza “rectoría” sobre “toda actividad cultural de carácter público”, es uno de los principales elementos cuestionados.

Así consta en el artículo 4 de la propuesta: “El Ministerio de Cultura y Juventud es el órgano rector de toda actividad cultural de carácter público. En consecuencia toda acción pública está bajo esta rectoría, así como las instituciones privadas que realicen trabajo cultural público, deberán reconocer y aceptar dicha rectoría”.

Esa medida parece contradecirse con el artículo que inmediatamente le sigue: “El Estado debe garantizar la libertad de creación, pensamiento y expresión artísticos de los proyectos culturales”.

El proyecto, que se tramita con el número de expediente 17.359, busca ser “una sombrilla que cubra las 52 leyes y decretos que tienen que ver con el tema, de las cuales sólo 23 tiene reglamento, se trata de articular los derechos culturales, pues en la legislación vigente no existe la concepción de la cultura como un derecho”, explicó Heidi Venegas, asesora de la legisladora.

Informó que la elaboración del proyecto ha tomado al menos un año de trabajo, que inició con una serie de entrevistas a personas del sector, tanto en la gestión como en la creación. “Hay una inquietud por realizar una reestructuración en el MCJ, algunas personas del sector de cultura popular se quejaron pues dijeron encontrar las puertas del Ministerio cerradas; pero eso ha quedado para el plan de gobierno del PAC. El proyecto tiene que ver con el fomento a la actividad cultural y artística”, indicó.

Venegas añadió que el proyecto ha sido consultado con diversas instancias, como la Red de Artes Escénicas.
Sin embargo, la disposición citada si bien apenas ha sido presentada al público, ya genera fuertes críticas. La escritora Tatiana Lobo manifestó que en primer lugar que “toda actividad cultural es pública”, por lo que el alcance de esa medida implica que “el MCJ va a decidir qué se hace: qué se expone, qué se canta, se escucha, se filma, qué se hace en teatro”.

“FASCISMO”

Para Lobo, autora de novelas como Asalto al Paraíso o En el corazón del Silencio, “lo peor” es la “obligatoriedad de instituciones privadas de reconocer esa rectoría, eso significa que no van tener derecho de hacer algo que contradiga la voluntad del estado bajo pena de violar la ley, esto es fascismo, es darle legitimidad a la censura”.
Empero, con la misma gravedad llamó la atención hacia la definición de “patrimonio cultural intangible” que contiene el proyecto.

El artículo 2 de la propuesta en su inciso 7 lo define de la siguiente manera: “En lo intangible o conceptual, el patrimonio es idea, pensamiento, o acción colectiva referente a los conocimientos, la historia patria, cosmovisión, lenguaje, valores y los esquemas simbólicos –religión, ritual, festivales, juegos, símbolos nacionales-, por ejemplo. Lo intangible se protege por medio de leyes indirectas”.

La escritora manifestó su preocupación porque se fijan como patrimonio “protegido mediante leyes indirectas como esta misma propuesta”, nociones como la historia patria, “que si se entiende como la versión oficializada que se enseña en escuelas y colegios, los libros que he publicado que transgreden esa versión estarían cometiendo un delito, pues transgredir esa historia oficial será transgredir la ley”.

Tras apuntar que la ley es “innecesaria”, se preocupó porque “crea delincuentes, pues al establecer un concepto completamente rígido de la producción cultural, abre la posibilidad del delito”.

Con mayor detalle explicó que “si concebimos las ideas como patrimonio y se les protege por medio de la ley, sostener ideas contrarias o diferentes a lo que promueva el estado será estar contra la ley, así que se está imponiendo una oficialidad en términos de que si se le contradice se comete un delito”.

Con esos criterios coincidió la también escritora Anacristina Rossi, quien en primer lugar manifestó que “no se puede legislar sobre la cultura, sino sobre aspectos puntuales, como la defensa de derechos de autor, pero sobre la cultura o la historia de un país, me parece equivocado”.

Rossi, autora de novelas de denuncia como La Loca de Gandoca, opinó que de llegar a ser ley, este proyecto “va a constreñir a los creadores y darle poder de fiscalización al estado donde no lo debe tener, pretender que el estado fiscalice o norme la cultura es ser como Hitler”.

La autora de Limón Blues y Limón Reggae fue más allá y ante la actual coyuntura electoral planteó “¿se imagina eso en manos de Laura Chinchilla?, tal vez el PAC tenga buenas intenciones, creen que van a ganar las elecciones pero yo no lo creo y así están planteando una fiscalización de la cultura a favor de Arias”.

Puntualizó que el patrimonio cultural “no es una cosa fija que se pueda definir por ley, esto es terrible”.

Rossi calificó el proyecto como una “camisa de fuerza a los creadores”, y añadió “con todo respeto a Elizabeth Fonseca”, que “se equivoca de cabo a rabo, la fracción del PAC debería ocuparse en detener el manoseo de las instituciones que hace el gobierno, este proyecto de ley es peligroso y me opongo”.

“Cada vez más patitiesa me deja la fracción del PAC. Esta ley es el ejemplo más acabado de la burocracia, la cultura es el único campo que tenemos libre, a pesar de que me quejo de falta de apoyo, pero prefiero falta de apoyo a esta imposición”, añadió.

Roxana Ávila, directora teatral y coordinadora de la Comisión de Relaciones con el Estado de la Red de Artes Escénicas, señaló que la Red nombró una comisión que está estudiando el proyecto.

Sin embargo, sobre las implicaciones del criticado artículo 4, manifestó en primer lugar sus dudas de que el estado pueda asumir esa rectoría y añadió que la norma propuesta “implica una tramitología bastante dura, la cultura es muy grande, por ejemplo una feria gastronómica de comida caribeña es cultura, la propuesta es una locura por ser demasiado ambiciosa”.

Ávila apuntó que esa propuesta “podría ser un acto de censura, también en un acto de burocracia, y no creo que deba haber ningún poder por encima de la ciudadanía para dar permiso para la manifestación artística”.

“Lo que hay que hacer es parar el tren y discutir si queremos tener un ministerio de arte o de cultura, el concepto de cultura es demasiado amplio y un ministerio de arte debería facilitar la expresión, este artículo de la ley queda sin efecto en el momento en que la gente genera arte por su cuenta; en vez de dar facilidades a la creación artística, la constriñe y pregunto: ¿bajo qué criterios se va a aplicar esa rectoría?”

Elizabeth Fonseca:
“El proyecto fortalece identidades”

Tras ser consultada por UNIVERSIDAD, por escrito la diputada Elizabeth Fonseca destacó como “esencial” que el país tenga una Ley General de Cultural que articule el quehacer “de uno de los ministerios que cuenta con mayor número de instituciones con diferentes grados de desconcentración”. Añadió que su proyecto pretende convertirse en una herramienta útil para fortalecer “nuestras culturas y nuestras identidades” y que al MCJ se le dote, de un presupuesto de “al menos”, de un 1% del Producto Interno Bruto (PIB).

Sobre las críticas a lo contenido en el artículo 4 de su propuesta, sobre la “rectoría” del MCJ sobre la “actividad cultural de carácter público”, la legisladora en primer lugar subrayó que “la creación artística requiere sobre todo de una condición: libertad para crear”.

Tras señalar que “evidentemente” no toda la actividad artística puede recibir el apoyo económico de un Ministerio, pero es “esa actividad que recibe el apoyo institucional” la que debe tener una rectoría de parte del MCJ, aunque es una especificación que no contempla el polémico artículo 4.

Añadió sobre el tema que algunas instituciones adscritas al MCJ cuentan con figuras administrativas como Fundaciones, “lo que dificulta la rendición de cuentas, la administración y los controles”.

Así, la legisladora apuntó que “de ninguna manera” su propuesta contradice el principio de libertad creadora.

Enfatizó que apenas “damos el primer paso, el proyecto fue consultado a amplios grupos de artistas y tenemos claro que cualquier proyecto de ley pasa por un proceso de discusión y mejoramiento por medio de la presentación de mociones”. “Somos totalmente receptivos a los señalamientos que procuren las mejoras de la propuesta”, concluyó.